La normativa establece que los fondos serán distribuidos entre 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios y deberán destinarse exclusivamente a la adquisición de equipamiento, materiales, vestimenta y otros insumos necesarios para fortalecer la capacidad operativa frente a incendios y emergencias. Cada entidad recibirá aproximadamente $95 millones para estos fines, según surge de los anexos de la resolución.
El texto oficial remarca que la asignación prioriza a provincias con menor cantidad de asociaciones, con el objetivo de garantizar una respuesta más rápida y eficiente ante eventos catastróficos que requieran respuesta federal. Además, se exime a las asociaciones de pagar impuestos nacionales y tasas aduaneras por la importación de equipos desde el exterior, buscando agilizar la incorporación de herramientas especializadas.