El gobierno de Marcelo Orrego termina la semana atravesando uno de sus momentos políticos más incómodos desde que asumió. El conflicto con los docentes, lejos de desactivarse, volvió a escalar y dejó una imagen que ya empieza a repetirse en la historia política sanjuanina: maestros en la calle, antorchas en la Plaza 25 de Mayo y un malestar que no parece encontrar canal institucional.
La chispa del conflicto fue la decisión de suspender el paro docente apelando a la nueva normativa laboral nacional, que exige garantizar un 75% de presentismo en servicios considerados esenciales. Para el Gobierno fue una jugada legal inteligente; para la docencia, en cambio, fue leído como una provocación. El resultado fue inmediato: el paro se levantó, pero el conflicto se trasladó a las calles con una movilización masiva que dejó expuesta la tensión entre el Ejecutivo y el sector educativo.
El problema no es solo sindical. Es político.
En las escuelas sanjuaninas se escucha cada vez más la misma frase: las expectativas que muchos docentes tenían sobre el cambio de gobierno todavía no se cumplieron. El salario sigue corriendo detrás de la inflación y la propuesta salarial presentada en paritarias aparece como insuficiente frente al aumento del costo de vida. Incluso tomando las cifras oficiales, el incremento ofrecido queda por debajo de la inflación acumulada del año.
Pero hay otro elemento que agrava el clima social: la percepción de contradicciones en el discurso oficial. Mientras el gobierno insiste en que no hay recursos para mejorar salarios, trascendieron gastos millonarios en actividades protocolares que superan los 2.600 millones de pesos en apenas dos años. En un contexto de ajuste y pérdida de poder adquisitivo, esos números funcionan como combustible para el enojo.
A esto se suma una imagen políticamente incómoda: mientras el conflicto docente crecía en San Juan, el gobernador se encontraba en Estados Unidos participando de eventos vinculados a inversiones junto a funcionarios del gobierno nacional. La agenda internacional puede ser estratégica, pero cuando la tensión social aumenta puertas adentro, la ausencia del liderazgo político se vuelve un factor que también pesa en la lectura pública.
La historia reciente debería servir como advertencia. El último gran conflicto docente en la provincia terminó con el surgimiento del movimiento de autoconvocados y fue uno de los episodios que más desgastó al gobierno de Sergio Uñac. La docencia sanjuanina tiene una particularidad: puede pasar rápidamente de la negociación institucional a la protesta masiva cuando siente que no es escuchada.
Hoy el escenario vuelve a mostrar señales parecidas.
El desafío para Orrego no es solo cerrar una paritaria. Es recuperar confianza en un sector que tiene una enorme capacidad de presión social y que, además, suele actuar como termómetro del clima político general. Cuando los docentes se movilizan, normalmente no hablan solo de su salario: hablan también del estado de la economía, de las expectativas sociales y del humor colectivo.
Por eso la pregunta que sobrevuela el conflicto es inevitable:
¿está el gobierno dispuesto a recalcular su estrategia o elegirá endurecer la postura?
Por ahora, la respuesta sigue abierta. Pero si algo dejó claro esta semana es que el conflicto docente ya dejó de ser un problema sectorial. Se transformó en un problema político.
Y recién empieza.