La víctima es una joven de 18 años que intentó radicar la denuncia contra su agresor. Según trascendió, el denunciado sería sobrino de uno de los efectivos de la Comisaría 32°, lo que habría influido en la negativa a tomarle la declaración.
El caso expone una grave irregularidad en el procedimiento policial, ya que tomar denuncias de violencia de género es una obligación legal ineludible. Los policías acusados podrían enfrentar sanciones administrativas y penales por incumplimiento de sus deberes.
La intervención del CAVIG permitió que finalmente se formalizara la denuncia y se iniciaran las acciones correspondientes para proteger a la joven. El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades tanto de los policías como del agresor denunciado.
