La iniciativa busca adecuar el funcionamiento de la Justicia provincial a la Ley Nacional 27.801, que entró en vigencia el 5 de septiembre y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 18 años. Su objetivo es establecer un marco de transición hasta que la provincia sancione un Código Procesal Penal Juvenil propio.
El proyecto original que envió la Corte de Justicia llevaba 18 artículos, pero los diputados añadieron dos puntos clave: la facultad a los poderes Ejecutivo y Judicial de realizar adecuaciones presupuestarias, y la implementación de una figura de supervisor que dispondrá la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. La ley contempla disposiciones sobre modos alternativos a la imposición de la pena, la conciliación, la reparación integral del perjuicio, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado.
En determinados hechos cuya pena máxima sea inferior a seis años, los jueces podrán disponer medidas alternativas como la suspensión del proceso, tareas sociales o reparación del daño. En los delitos graves, en cambio, continuará el proceso penal.
