Según la investigación, la joven se promocionaba en redes sociales y LinkedIn como traductora de idiomas y afirmaba contar con experiencia profesional, además de señalar que había trabajado para distintos organismos y ámbitos de la provincia.
Entre sus antecedentes laborales, aseguraba haber egresado de la Universidad del Congreso. Sin embargo, al realizarse la consulta correspondiente, desde esa institución informaron que no figuraba registrada ni como alumna ni como egresada.
Los investigadores también constataron que Rampulla no contaba con matrícula profesional para ejercer como traductora en San Juan.
Durante la investigación se reunieron principalmente publicaciones realizadas por la propia joven en las que ofrecía sus supuestos servicios profesionales. Los fiscales aclararon que no pudieron acreditar que efectivamente hubiera realizado trabajos de traducción para terceros.
Finalmente, en la audiencia judicial se acordó una suspensión de juicio a prueba, con una serie de reglas de conducta. Entre ellas se establecieron tareas comunitarias, el pago de una reparación simbólica y una prohibición de acercamiento.
El acuerdo tendrá una duración máxima de un año, con obligaciones específicas establecidas por la Justicia.
