Durante la jornada, la Fiscalía solicitó que los investigados comparecieran ante la Justicia. Sin embargo, Uñac y Andino no estuvieron presentes y sus defensas presentaron argumentos para justificar sus inasistencias. La magistrada rechazó la posibilidad de que participaran por videoconferencia y finalmente dispuso reprogramar la audiencia.
Tras la decisión, el fiscal Sebastián Gómez pidió el desafuero de ambos legisladores nacionales con el objetivo de garantizar su comparecencia en la próxima convocatoria. El planteo se produjo en medio de fuertes diferencias entre la Fiscalía y la jueza sobre cómo proceder ante las ausencias.
Los argumentos por las ausencias
En el caso de Cristian Andino, su defensa presentó pasajes de avión para acreditar que se encontraba en Buenos Aires por compromisos laborales. Lucero consideró justificada su inasistencia, aunque no autorizó su participación virtual.
Por su parte, Sergio Uñac presentó un escrito a través de su abogado defensor, Marcelo Fernández, en el que fundamentó su ausencia mediante referencias a normas nacionales y provinciales. En esa presentación también anticipó que no prestaría declaración durante la audiencia y que, si decidiera hacerlo más adelante, sería por escrito.
El fiscal Gómez cuestionó las justificaciones y sostuvo que las obligaciones laborales no deberían impedir la participación en una instancia judicial de estas características. La discusión derivó en nuevos cruces entre el Ministerio Público Fiscal y la magistrada.
Finalmente, la audiencia quedó postergada a pedido de las partes, con el objetivo de que los once convocados puedan participar en una misma instancia. Hasta el momento, no se informó una nueva fecha.
Quiénes están bajo investigación
Además de Uñac y Andino, la causa alcanza al exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino; a los expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz y Juan Carlos Caparrós; y al empresario Gustavo Mastelono, vinculado con la firma Krah América Latina.
También figuran Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso, quienes ocuparon distintos cargos técnicos, jurídicos o administrativos relacionados con el organismo y la obra.
La investigación está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales. El expediente se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia.
Qué se investiga en el Acueducto Gran Tulum
La causa busca determinar si existieron irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto, entre ellas posibles sobreprecios y cuestionamientos sobre la calidad de las cañerías utilizadas. La obra, destinada a fortalecer el abastecimiento de agua potable en San Juan, permanece inconclusa.
La suspensión impidió que se concretara la formalización de la investigación en esta instancia. Por lo tanto, todavía no se formularon cargos formalmente contra los once convocados en esa audiencia.
El pedido de desafuero realizado por la Fiscalía tampoco implica que Uñac y Andino hayan perdido sus fueros: se trata de una solicitud cuyo objetivo es asegurar su comparecencia ante la Justicia. La causa continuará su curso cuando se establezca una nueva fecha para la audiencia.
