El planteo fue presentado antes de la audiencia de control de acusación, instancia en la que debía avanzarse hacia un eventual juicio oral. Ante esta presentación, el juez de Garantías Diego Sanz suspendió la audiencia hasta que se resuelva el pedido.
La fiscal rechazó la propuesta
La fiscal Daniela Pringles rechazó la solicitud al considerar la gravedad de los hechos y sostener la necesidad de que las responsabilidades sean debatidas en un juicio público.
Tras esa negativa, la defensa pidió que la decisión sea revisada por un fiscal superior. Este nuevo trámite deberá resolverse antes de que el proceso pueda avanzar, por lo que la causa permanece sin una fecha definida para retomar la audiencia.
Si el rechazo se mantiene, la defensa anticipó que podría recurrir a distintas instancias judiciales, incluido el Tribunal de Impugnación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Qué pasó con Juan Manuel Salvalaggio
El ataque ocurrió en abril de 2025, cuando Salvalaggio fue emboscado y golpeado, sufrió múltiples fracturas y lesiones de gravedad. La investigación apuntó a que la agresión habría sido encargada a personas vinculadas a la barrabrava de Racing Club.
En junio de 2025, tres hombres identificados como Carlos Ledesma, Mariano Rivero y Brian Espinoza fueron condenados por su participación material en la golpiza. Otro involucrado, Mario Giraudo, conocido como “Bufet”, recibió una pena de prisión condicional, según los antecedentes publicados sobre la causa.
La investigación posterior se centró en Mariano Tomsig y Martín Quiroga Massa, señalados por la Fiscalía como presuntos responsables de organizar o facilitar el ataque. Tomsig está acusado como presunto autor intelectual y Quiroga Massa como partícipe secundario.
La víctima busca que el caso llegue a juicio
La querella, representada por el abogado Marcelo Fernández, prepara su postura frente al pedido de la defensa. Salvalaggio se opondría a una salida alternativa y buscaría que los acusados respondan en un juicio oral.
La solicitud de probation todavía no fue concedida. Su rechazo o eventual aceptación deberá resolverse dentro del proceso judicial, y la responsabilidad penal de los empresarios aún debe ser determinada.
