El Senado de la Nación trata este jueves un proyecto para modificar la Ley de protección de glaciares, una normativa clave que desde 2010 fija presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambientes periglaciares en todo el país. La iniciativa en debate propone transferir a las provincias la potestad de decidir qué áreas deben protegerse y bajo qué condiciones, un cambio que tiene un impacto político y económico significativo para territorios como la provincia de San Juan.
La reforma, impulsada por el oficialismo y respaldada por gobernadores de provincias con actividad minera, entre ellas San Juan, busca redefinir la aplicación de la ley original y habilitar evaluaciones ambientales locales para la explotación de recursos naturales en zonas cordilleranas. Entre los puntos más discutidos está la redefinición de lo que constituye “relevancia hídrica” y cómo se delimita el ambiente periglacial, lo que podría permitir actividades extractivas en áreas que hoy están vedadas.
El gobernador de San Juan ha defendido públicamente la modificación, señalando que otorgar mayor autonomía a las provincias para decidir sobre su desarrollo económico es clave para atraer inversiones y avanzar con proyectos mineros locales. Para la provincia andina, donde la minería representa un peso importante en la economía regional, el debate es central y genera expectativas sobre nuevas oportunidades de crecimiento.
Sin embargo, la propuesta también ha generado críticas de especialistas ambientales, organizaciones civiles y sectores de la Iglesia que advierten sobre riesgos para la protección de los recursos hídricos y los ecosistemas estratégicos de montaña. Ellos sostienen que debilitar los mecanismos de protección podría poner en riesgo reservas de agua dulce fundamentales para la producción y el consumo humano, un argumento que cobra relevancia en provincias con glaciares y un clima árido como San Juan.