La decisión del gobernador Marcelo Orrego de enviar una carta documento a un periodista de Canal 9, tras sentirse agraviado por expresiones públicas, reabre una discusión que va más allá del caso puntual: la relación entre el poder político, la prensa y la transparencia.
Desde lo legal, no hay discusión. Cualquier ciudadano -incluido un funcionario- tiene derecho a recurrir a la Justicia si considera que fue afectado. Sin embargo, cuando estos conflictos involucran a periodistas, el tema adquiere otra dimensión y pone el foco en la libertad de expresión y en las condiciones en las que se ejerce el periodismo.
En ese contexto, aparece un dato clave: San Juan sigue sin contar con una ley de acceso a la información pública que abarque de manera integral los actos de gobierno. Se trata de una herramienta fundamental en los sistemas democráticos modernos, ya que permite reducir la discrecionalidad, garantizar el control ciudadano y evitar interpretaciones erróneas o malintencionadas.
La falta de reglas claras en materia de acceso a la información no solo afecta a los periodistas, sino también a la sociedad en su conjunto. Cuando los datos no están disponibles de manera abierta y sistemática, crecen las dudas, las sospechas y las tensiones.
En los últimos meses, además, distintos temas de gestión generaron debate público y pedidos de explicaciones. Desde obras de gran escala hasta contrataciones y gastos oficiales, los cuestionamientos no siempre encontraron respuestas claras o accesibles, lo que alimenta un clima de desconfianza.
En este escenario, la transparencia deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una necesidad concreta. No se trata solo de cumplir con una promesa de campaña, sino de establecer mecanismos institucionales que ordenen la relación entre el Estado, la prensa y la ciudadanía.
Porque cuando la información es pública, accesible y verificable, las discusiones se dan sobre datos y no sobre versiones. Y en ese terreno, tanto el gobierno como los medios y la sociedad tienen más para ganar.
La discusión de fondo, entonces, no es únicamente un conflicto entre un funcionario y un periodista. Es la oportunidad de avanzar hacia un sistema donde la transparencia no dependa de voluntades, sino que esté garantizada por ley.
Editorial: Santiago Clérico