El planteo llegó a la Justicia y generó protestas frente a las oficinas de la empresa. Los afectados sostienen que las tasas aplicadas exceden ampliamente los límites razonables y constituirían un delito de usura.
Los denunciantes reclaman ahora que se suspendan los cobros mientras se investiga el caso. La medida busca proteger a los usuarios que habrían sido víctimas de estas tasas consideradas excesivas.
La causa avanza en la Justicia y se espera que se tomen medidas cautelares para frenar los cobros cuestionados. La investigación determinará si las tasas aplicadas por la plataforma constituyen efectivamente el delito de usura denunciado.